La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el Plan de Protección del Corredor Litoral aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en mayo de 2015 a causa de un motivo formal, debido a la falta de competencia del Gobierno en funciones para la aprobación de este instrumento de planificación territorial.
En el texto de la sentencia, dictada a instancias de una demanda del Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), se resumen los planteamientos del Consistorio gaditano, en el sentido de, además de la razón que ha acabado motivando la anulación, rechazar la concurrencia de circunstancias de «extraordinaria y urgente necesidad», ya que la Junta tiene capacidad legal para proteger los ámbitos de suelo sin tener que acudir a un instrumento tan «excepcional» como el decreto ley por el que se aprobó el plan. Asimismo, se alude a «falta de motivación» y al incumplimiento de varias normas urbanísticas.
Respecto al principal motivo del fallo, el TSJA recuerda que el Gobierno en funciones debe limitar su gestión a «la administrativa ordinaria ausente de valoraciones y decisiones en las que entren criterios políticos, salvo que se motive debidamente la urgencia o las razones de interés general que justifiquen la adopción de medidas de otra naturaleza».
Habida cuenta de que «el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno», la Sala indica que el plan constituye un ejercicio de la potestad normativa atribuida constitucional y estatutariamente al gobierno autonómico «que implica de manera palmaria el establecimiento de una nueva orientación política».
Ello, subraya, en la medida en que dicho plan «se aparta consciente y públicamente» de los planes de ordenación de ámbito subregional ya existentes y en vigor e incluso del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, «alterando radicalmente los objetivos y la finalidad de la política territorial en el ámbito del litoral andaluz y, consecuentemente, modificando de manera sustancial las directrices y determinaciones de dichos instrumentos, como un auténtico cambio de modelo».
El plan afecta a los 62 municipios litorales – 48 de los cuales presentaron 918 escritos y 3.547 alegaciones al plan, según recuerda en su edición de este viernes ‘Diario de Sevilla’ – incluyendo en su ámbito los terrenos comprendidos en la franja de los 500 metros desde el dominio público marítimo-terrestre y aquellos otros exteriores que se consideran necesarios para garantizar los objetivos de protección, normalmente por tratarse de terrenos colindantes con suelos ya protegidos por la planificación ambiental o territorial. Esta franja tiene una extensión aproximada de 50.000 hectáreas y una longitud de costa de 859 kilómetros, excluyendo del ámbito a los suelos urbanos.
Se trata esencialmente de un instrumento de protección, no de ordenación, en tanto que ésta ya la han establecido los planes de ordenación del territorio aprobados que incluyen en su ámbito la totalidad de los términos municipales de los municipios litorales. Por ello, el Plan del Corredor Litoral centra su atención en la Zona de Influencia del litoral e interviene a una escala de detalle con el objetivo de preservar de la urbanización los terrenos libres de edificación que disponen de valores naturales o paisajísticos relevantes o cumplen determinadas funciones territoriales de interés general.
Tras el fallo, que no es firme, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han confirmado que el gabinete jurídico estudia la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «Había urgencia por aprobar este plan, y se hizo así porque se entendió que era jurídicamente posible», ha asegurado José Fiscal, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta.
ECOLOGISTAS PIDE A LA JUNTA MEDIDAS CAUTELARES. No se han hecho esperar las reacciones de los conservacionistas, así Ecologistas en Acción ha pedido que la Junta adopte medidas cautelares «para impedir que los promotores y ayuntamientos aprovechen esta situación para tramitar y aprobar planes urbanísticos que prohibía el Plan del Litoral, así como que amplíen la protección para impedir más urbanizaciones en el litoral».
En este sentido, fuentes del colectivo han recordado que el plan «blindaba la pretendida urbanización de Valdevaqueros en Tarifa, donde se contemplaba una actuación urbanística en 740.000 metros cuadrados y se construirían 350 viviendas y 1.423 plazas hoteleras».