Todos los grupos parlamentarios han dado el respaldo a una iniciativa del PSOE en apoyo al sector voracero del Estrecho de Gibraltar, en la Comisión de Agricultura del Parlamento andaluz.
En virtud del texto refrendado por la cámara andaluza, el Parlamento de Andalucía reclama al Gobierno de España que defienda ante las instituciones comunitarias competentes, el establecimiento de una moratoria en la entrada en vigor del Reglamento Delegado relativo a la obligación de desembarque del besugo menor de 33 cm., aplicable a la flota voracera del Estrecho de Gibraltar, al menos hasta el 1 de enero de 2018. La finalidad es que se puedan incorporar los estudios de alta supervivencia del voraz que se están realizando, en consideración al fuerte impacto socioeconómico de las últimas decisiones adoptadas sobre dicha flota.
En su intervención, Arrabal se ha lamentado de que “no se tengan en cuenta los sacrificios que ha hecho el sector pesquero español (Algeciras, Ceuta, Tarifa y Barbate), reduciendo flota y con unas condiciones técnicas muy restrictivas en beneficio de la sostenibilidad para conseguir una pesca responsable”. La parlamentaria andaluza ha advertido de que “mientras con el incremento de la talla a 33, los marroquíes pescan con libertad e importan por el Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Algeciras con menos talla que nuestros pescadores”. “Marruecos se dirige a nuestro mercado con piezas de hasta 14 cm. y esto provoca claramente una competencia desleal que Europa salva recogiendo en un reglamento ejecutivo que es ley, la prohibición de importar por el PIF voraces inferiores a los 33 cm, pero la realidad es que por el PIF se cuelan como consecuencia de la falta de medios”, ha indicado.
Rocío Arrabal ha argumentado para defender la necesidad de la moratoria frente a la normativa comunitaria que el Instituto Español de Oceanografía está realizando, por encargo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el seguimiento de esta pesquería en el Estrecho de Gibraltar, y dispone de numerosa información científica que respalda la conveniencia de exceptuar a la flota voracera de la obligación de desembarque, permitiendo la devolución al mar de las capturas por la alta supervivencia de la especie.
La parlamentaria ha recalcado que “los buques afectados son un total de 72, dando trabajo a 220 tripulantes, casi 300 familias que viven de la actividad directa de esta flota, que van a sufrir el fuerte impacto socioeconómico de ambas medidas, asumiendo en solitario el peso de la recuperación de la especie, frente a otras flotas extracomunitarias que comparten caladero y recursos”.
