El rechazo del decreto de la estiba en el Congreso llevará a la suspensión de la huelga

Las próximas horas van a ser cruciales en el conflicto de la estiba ya que, si no existe un cambio radical en la postura del Gobierno, todo apunta a que el Congreso de los Diputados va a tumbar el Real Decreto Ley que a partir de las 9.00 horas del jueves se va a debatir en la Cámara Baja, para ser votado pasado el mediodía.

Antes, los sindicatos de estibadores y la patronal, Anesco, retomarán este miércoles las negociaciones sobre la reforma del sector, a través de una nueva reunión técnica convocada por el mediador designado por el Gobierno, el presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, quien ha citado a los abogados de ambas partes. En función del resultado de este encuentro, Peña convocará a los representantes de trabajadores y empresas, con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que consiga el consenso, antes del debate y votación del Real Decreto Ley que, en principio, está previsto para este jueves, día 16.

Los posicionamientos iniciales se mantienen por parte de todos los grupos parlamentarios, lo que va a provocar la derogación del Decreto. Un rechazo histórico que va a permitir la más que posible desconvocatoria de la huelga por parte de los sindicatos, ya que la amenaza que supone el Decreto habrá desaparecido.

Hasta el momento, el mero anuncio de los paros por parte de los sindicatos ha causado importantes pérdidas en el puerto de Algeciras, que, en el caso de las instalaciones de APM Terminals se sitúa por debajo el 50 % de los volúmenes habituales. En la actualidad, esta terminal está moviendo unos 25.000 contenedores semanales, cuando lo habitual es situarse en torno a los 60.000.

Si finalmente todo transcurre como parece, el Gobierno deberá acceder a la petición de los sindicatos y la patronal y sumarse a la ronda de negociaciones, con el objetivo de poder sancionar un posible acuerdo al que pudiesen éstos y que podría servir como base al texto de un futuro decreto que contase con los apoyos parlamentarios suficientes para dar respuesta a la sentencia de los tribunales europeos.

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