Los acontecimientos se suceden a sólo horas de que se vote en el Congreso de los Diputados el Real Decreto-Ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Mientras el ministro de Fomento, Iñigo De la Serna, trata de conseguir los apoyos, a través de la reunión técnica que cita a los abogados de la patronal y los sindicatos, el temor a una posible aprobación del documento planea sobre los representantes de los trabajadores, al conocer que el grupo parlamentario de Ciudadanos apoyará al Gobierno en la votación y que también el PNV puede sumarse a las intenciones de Fomento, lo que deja el margen entre la aprobación y la derogación, en sólo unos votos.
De hecho, según ha dado a conocer el diario El País, las diputadas Ángela Rodríguez Martínez, de Podemos; Teresa Jordà i Roura, de ERC; y Marta Sorlí Fresquet, de Compromís, han tenido que adelantar su vuelta a España desde Nueva York para poder llegar a tiempo de la votación de mañana, a primera hora.
De no conseguirlo, el Decreto puede salir adelante, ya que el Gobierno contaría con los 134 votos del PP, 32 de Ciudadanos, cinco del PNV, dos de UPN y uno de Foro Asturias. Uno más que los que sumarían el resto de grupos parlamentarios. En caso de poder llegar a tiempo, y si todo sucede como parece en las últimas horas, la derogación se podría producir por sólo dos votos.
En principio, el Ejecutivo cuenta con los votos de Ciudadanos y posiblemente del PNV, lo que no le permitiría alcanzar una mayoría simple necesaria para la convalidación, pero los contactos se suceden con urgencia, porque los Populares tratan de que no sea la primera vez, desde 1979, que un decreto del Gobierno quede sin convalidar por falta de apoyo, lo que daría por derogado el documento, obligando a iniciar una nueva tramitación parlamentaria y, por tanto, superar los plazos establecidos por la Comisión Europea para cumplir la sentencia sobre la reforma de la estiba.
