El consejo de administración del Puerto de Barcelona ha acordado en una reunión específica este miércoles no sumarse a la demanda de responsabilidad contable que impulsa el Tribunal de Cuentas español por las irregularidades detectadas en las obras de la ampliación del dique Este entre 2001 y 2008.
El Puerto de Barcelona presentó demandas por la vía civil y penal en 2010, cuando descubrió las irregularidades, para reclamar la devolución del dinero defraudado –estimado en más de 40 millones de euros–, y considera que con ello sus intereses «están suficientemente cubiertos».
La obra ‘Modificación del proyecto de ampliación del dique de abrigo Este’ fue ejecutada con un presupuesto de 197,2 millones por la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por FCC Construcción, Ferrovial-Agroman, Construcciones Rubau y Copisa.
Después, el Puerto de Barcelona descubrió un fraude en el que participaron empresas contratistas, la asistencia técnica del puerto y directores de obra del puerto «que ya no estaban en la entidad».
Ha detallado que inmediatamente lo denunció a la Fiscalía provincial de Barcelona y demandó a las empresas y directores implicados, y actualmente la causa penal está pendiente de fijar fecha para el juicio oral, con un antiguo director de obras como único imputado del personal del puerto.
El Tribunal de Cuentas abrió procedimiento de responsabilidad contable en 2016 contra los tres presidentes y los dos directores del Puerto de Barcelona entre 2001 y 2010, así como contra cuatro personas más, incluyendo dos directores de la obra y un asistente técnico de estos directores.
Por contra, el consejo de administración del Puerto de Barcelona considera que no se dan los requisitos de responsabilidad contable, y espera recuperar el dinero defraudado a través de las demandas que interpuso en 2010.
