El diputado socialista, Salvador De la Encina, ha pedido al Gobierno «que recoja el guante de los sindicatos, tras su renuncia a ejercer su derecho a huelga durante las dos primeras jornadas decretadas los días 6 y 8 de marzo, y que de una vez por todas se siente a negociar con los representantes de los trabajadores en qué términos se ejecutará definitivamente la reforma del sector de la estiba».
El PSOE considera que, ante la negativa de los grupos de la oposición a la convalidación del Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados, el Ejecutivo tiene dos opciones para encontrar una salida digna al embrollo. Por un lado, según De la Encina, el Gobierno debe sentarse a negociar con las partes implicadas en el conflicto antes del debate de convalidación o por el contrario, pedirle antes del martes a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que postponga el debate previsto para el jueves 9 de marzo.
Sea como sea, en el contexto actual, el Real Decreto Ley debe ser derogado al encontrarse, en estos momentos, con el rechazo parlamentario de los grupos de la oposición, afirma el socialista.
Como quiera que el documento, al ser ya aprobado por el Consejo de Ministros no puede ser modificado, la única opción es someterlo al debate de la Cámara Baja y que una vez rechazado, se inicie de nuevo, la elaboración de un nuevo texto consensuado con sindicatos, patronal y partidos políticos.
Cuestionado si no sería mejor llevarlo al pleno del Congreso previsto para el 9 de marzo para ganarle tiempo al tiempo, De la Encina ha respondido que, «esta opción, por la que aboga el PSOE, alargaría los plazos y llevaría incluso al Gobierno, a tener que hacer frente a las sanciones que interpondrían los Tribunales Europeos por incumplir la sentencia que le obliga a reformar la estiba». No obstante, De la Encina asegura que «las sanciones serán menos lesivas para la economía española que la huelga de los estibadores».
Esta opción supondría una derrota política histórica para el PP, que vería como por primera vez en la historia de la democracia, las Cortes Españolas rechazan un Real Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros.