El coordinador general del Consejo Internacional de la Estiba (IDC, por sus siglas en inglés), Jordi Aragunde, ha anunciado este miércoles en Bruselas, tal y como avanzó El Estrecho Digital, la ruptura de la mesa de diálogo social que desde hace dos años venía analizando con la Comisión Europea la mejora y el desarrollo de los puertos europeos. Además, en apoyo a los estibadores españoles, el IDC y la Federación Internacional de Transporte (ITF) han convocado para el día 10 de marzo una jornada de paros en todos los puertos del mundo, consistente en tres horas de paralización de la actividad en las dársenas europeas y una hora en las del resto del mundo.
El coordinador general del IDC ha insistido, además, en uno de los acuerdos alcanzados durante la asamblea celebrada días atrás en Algeciras y, así, mientras duren las jornadas de huelga previstas en España para este mes de marzo, en días alternos a partir del día 6, se trabajará por parte de las dos organizaciones sindicales para que los puertos de Portugal, Francia y Marruecos no sirvan como alternativa a la descarga de mercancías con destino a España, (Marsella-Fos y Lisboa, en el caso de IDC; e ITF, en el caso de Tánger)”. También se instará a los sindicatos portugueses para que los trabajadores del puerto de Lisboa lleven acciones para evitar las descargas en Sines.
El IDC insiste en endurecer las medidas de protesta en las diferentes embajadas, reclamando un trato diferencial para el comercio exterior español, para lo cual “se programarán actos de apoyo a los trabajadores en diversas embajadas españolas en todo el mundo”.
Jordi Aragunde ha reclamado además, que la comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc – que los días 6 y 7 de marzo viajará a Madrid – se posicione respecto al Real Decreto Ley presentado por el Gobierno español, “en lugar de dejar el asunto en manos de técnicos de menor rango del Gobierno comunitario”.
Los coordinadores de zona del Consejo Internacional de la Estiba aseguran estar dispuestos a negociar con empresas y partidos políticos, abriendo mesas de diálogo para lograr un consenso que, “cumpliendo con la sentencia del TJUE, no resulte perjudicial para el conjunto de estibadores españoles”.