Junta, sindicatos y Patronal firman un pacto por la industria

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha firmado con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara; el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero; y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, el Pacto Andaluz por la Industria, que entre sus objetivos tiene el de movilizar 8.000 millones y la recuperación de niveles de empleo en el sector previos a la crisis.

Representantes de más de 350 personas, entre las que se encontraban de la Autoridad Portuaria y empresas, como Endesa, Cepsa, Acerinox o Vopak, han asistido al acto en el que la presidenta de la Junta ha aprovechado para reivindicar a nivel nacional una financiación «adecuada» de forma que Andalucía y todas las comunidades «no reciban ni más ni menos, sino lo adecuado» para hacer frente a los diversos desafíos, así como una «armonización fiscal» y con vistas a «evitar prácticas de ‘dumping fiscal'» entre las comunidades autónomas.

En su discurso, Díaz ha destacado su compromiso de que «Andalucía crezca en los sectores que generen empleo de calidad y que nos hagan más fuertes»,  porque  en momentos de crisis, «el sector industrial ha blindado más el empleo y su calidad», por lo que territorios con mayor apuesta por la industria «han resistido mejor la crisis».

La presidenta ha recordado que, antes del inicio de la crisis, 533.000 andaluces tenían empleo en el tejido industrial, unos niveles que se pretenden recuperar gracias a este Pacto por la Industria. El pasado año se crearon 34.500 puestos de trabajo en el sector industrial en Andalucía.

Susana Díaz ha vuelto a incidir en la necesidad de establecer unas comunicaciones ferroviarias más eficientes en la línea Algeciras-Bobadilla, como justa reclamación a favor de uno de los principales puertos de Europa, el puerto de Algeciras.

El documento plantea elevar el peso de la actividad industrial en la economía andaluza hasta al 18 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB). Para ello, se prevé movilizar una inversión total pública y privada de más de 8.000 millones de euros, a través de nuevos instrumentos financieros y de incentivos al desarrollo industrial y la I+D+i.

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