Una de los muchos frentes abiertos que tiene sobre la mesa el recién estrenado Gobierno de Mariano Rajoy se encuentra la modificación de la Ley de Puertos, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) de diciembre de 2014, que concluye que la estiba «no es legal respecto a los tratados de la Unión Europea (UE)» y obliga al Ejecutivo central a afrontar la reforma del sector.
El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, ha asegurado que se tiene la «voluntad completa» de «afrontar con la 
Llorca lamenta que desde que se produjo la reforma, en diciembre de 2014, han estado «prácticamente con un Gobierno en funciones», pero ha afirmado que existe una «voluntad completa» por parte del Gobierno de España de «afrontar a la mayor rapidez la reforma de la estiba, ya que la UE ha solicitado por incumplimiento una multa muy relevante», ha recordado.
En concreto, la multa es de 134.000 euros por día de retraso en la reforma, lo que se puede traducir en una cantidad importante que el país deberá afrontar para desbloquear la situación.