La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, ha anunciado en Madrid que defenderá un incremento del Total Admisible de Captura (TAC) para el atún rojo por encima del 20% previsto para 2017 con la finalidad de asegurar la rentabilidad de las cuatro almadrabas y 180 barcos andaluces, y con ello, los cerca de 1.000 empleos directos que genera esta pesquería, cuyos ingresos dependen en exclusiva de esta especie.
En la reunión del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, la consejera ha pedido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que traslade a Bruselas esta posición andaluza ante la próxima sesión de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que tendrá lugar del 14 al 21 de noviembre en Vilamoura (Portugal).
En la anterior reunión de la ICCAT, celebrada en Malta en noviembre de 2015, la cuota de atún rojo asignada para todas las partes contratantes de la Comisión para el año 2016 fue de 19.296 toneladas, un 19,5% más que el año anterior. En el caso de España, el aumento igualmente fue del 19,5%, con 3.534,43 toneladas, de las que a Andalucía le correspondieron casi 1.400. Ya en esa ocasión, desde Andalucía se demandó un incremento mayor de los topes de capturas.
En esa reunión ya se acordó que en 2017 se aplicaría un nuevo incremento del 20%, sin embargo, la consejera ha asegurado la necesidad de aumentar las posibilidades de pesca del atún rojo más allá de ese porcentaje “para garantizar la rentabilidad de esta pesquería». Asimismo, ha subrayado que en la próxima ICCAT, a la que nuevamente asistirán la directora general de Pesca y Acuicultura y representantes del sector, «reclamaremos las medidas oportunas para prevenir y luchar contra la pesca ilegal de esta especie por parte de buques que operan desde Gibraltar».
Ante la recomendación de la Comisión Europea de que la ICCAT establezca un Total Admisible de Captura (TAC) para la pesca del pez espada, Carmen Ortiz ha dejado clara la preocupación andaluza por este tema y ha defendido que se establezca un Plan de Gestión para el pez espada del Mediterráneo siempre y cuando «no se implante ningún TAC, se eliminen las redes de deriva de determinados países ribereños y se fijen unas condiciones técnicas que permitan alcanzar el rendimiento máximo sostenible, de cumplimiento para todas las partes contratantes del ICCAT».